El nuevo artículo del decreto ley define el desarrollo rural como "el conjunto de políticas públicas" destinadas a ampliar la base económica de las zonas rurales mediante el mantenimiento de actividades competitivas y multifuncionales y la diversificación de la economía a través de nuevas actividades compatibles con el desarrollo sostenible.

El Gobierno vuelve casi en su totalidad al texto original de la Ley de Suelo Rústico aprobada en 1997, que posteriormente se endureció. Entonces se establecía que la declaración de interés general podía otorgarse para todas aquellas actividades que "superen los meros intereses particulares" y cuya ubicación sea "necesaria" en el medio rural. El nuevo texto no sólo elimina la referencia a la necesidad de trascender los intereses particulares, sino que permite actividades que no sólo sean necesarias, sino también "convenientes".

El decreto también cambia el órgano que decide sobre la concesión de una declaración de interés general; en el futuro, ya no será la Comissió Insular d'Urbanisme, sino "el órgano respectivo del Consell al que se asigne esta función". El Gobierno defiende esta medida y subraya los numerosos vínculos entre la conservación del paisaje y la facilitación de las actividades económicas. Señala que una mejora "sostenible" de las condiciones socioeconómicas de una región debe conllevar "una mejor conservación de los valores naturales".

Este cambio supone prácticamente que "el órgano respectivo del Consell al que se atribuya esta función" decidirá si se pueden instalar equipos agrícolas, nuevos almacenes agrícolas, pero también actividades diversas como agroturismo, campos de fútbol, instalaciones deportivas, restaurantes e incluso campos de polo -por poner un ejemplo-.

Este cambio en la normativa sobre suelo rústico es una de las disposiciones más importantes del decreto en materia de urbanismo, junto con la posibilidad de ampliar las edificaciones residenciales en suelo rústico de 900 metros cúbicos a 1.500 metros cúbicos, lo que significa que la superficie máxima pasa de 300 metros cuadrados a unos 500 metros cuadrados. Los Consells podrán decidir entonces si mantienen o amplían estos límites.

En este decreto, el Gobierno también abre la posibilidad de construir en zonas de prevención de riesgos, pero precisa que se trata esencialmente de zonas con riesgo de erosión, que suponen el 80% de la superficie, y que es necesario obtener previamente todos los informes técnicos que confirmen estas autorizaciones. La ley aprobada contiene otras disposiciones que han sido criticadas por la oposición, como la posibilidad de urbanizar el Parc BIT para crear viviendas o la de aumentar el número de chiringuitos.

La ley modifica la ley del Consell Consultiu para que ya no tenga que elaborar determinados dictámenes periciales obligatorios y reduce las posibilidades de que los organismos emitan dictámenes sobre leyes que no son de su competencia. La ley también incluye la legalización de las construcciones ilegales en suelo rústico mediante el pago de una multa a los ayuntamientos. Sin embargo, este proceso también se amplía a los equipamientos agrícolas que están fuera de ordenación y también pueden legalizarse a través de esta normativa, tal y como estipula el decreto de simplificación administrativa.