El Gobierno insular ha decidido aplicar la legalización extraordinaria de casas en suelo rústico, prevista en el decreto-ley de simplificación administrativa aprobado por el Parlamento el pasado martes. Las casas construidas en terrenos especialmente protegidos no pueden legalizarse, ya que los delitos cometidos en ellos no prescriben.

No hay una lista precisa de los edificios afectados, pero se calcula que son unos 30.000. La amnistía no se aplica a los edificios construidos hace décadas y no inscritos en los registros, ni a los edificios construidos irregularmente cuya infracción ya ha prescrito. Los propietarios que puedan acogerse a la amnistía deberán pagar una multa cuyo importe dependerá de sus ingresos y del valor del edificio.

A los edificios legalizados que se construyeron al margen de las normas de edificación se les aplican determinadas condiciones. Por ejemplo, los propietarios deben excluir el uso del inmueble legalizado con fines turísticos. Esta restricción de uso debe inscribirse en el registro de la propiedad. La normativa para los propietarios de casas legales con piscinas irregulares legalizadas sigue sin estar clara. Según el decreto, podrían utilizarse para alquileres vacacionales, pero esto está sujeto a interpretación.